El gremio que reúne a profesionales y empresas constructoras ha manifestado extrema preocupación. Hay un evidente deterioro en la industria ante la inocultable recesión que les afecta. Esto se debe al encarecimiento de los créditos hipotecarios y al complejo momento financiero. Han debido hacer frente a reiterados atrasos en la cancelación de los estados de pagos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia empresas, grandes, medianas y pequeñas. Esto se podría deber a la falta de recursos que presenta dicha cartera. Empresas y proveedores en un momento señalaron que dicha deuda alcanzaría a los mil millones de dólares al tiempo que el MINVU, en voz del cuestionado ministro Carlos Montes, manifestó que los compromisos vencidos ascienden “solamente” a 130 millones de la moneda americana. La inexplicable diferencia no ha podido ser fundamentada por el gremio de los constructores, los que a la fecha se encuentran recabando información entre sus asociados para determinar la cifra exacta, materia sobre la cual se les ha requerido actualizar urgentemente las cantidades no pagadas.

Según se ha publicado en los medios, algunas empresas han sido conminadas a no presentar facturas para prevenir “dificultades futuras” en las postulaciones a nuevos contratos.

 Los pagos del subsidio DS1 y DS49 acumulan retrasos desde fines de marzo.
Esto ha dejado a personas que vendieron sus hogares con DS49 sin casa y sin dinero, y a beneficiarios del DS01 obligados a pagar arriendos y dividendos sin poder utilizar una vivienda que ya está inscrita a su nombre. 
Aunque el Serviu Metropolitano justifica la demora ante los beneficiarios por una supuesta falta de presupuesto, documentos oficiales muestran que, a julio de 2025, no se ha ejecutado ni la mitad del monto disponible para pagar estos subsidios.
Fuente: CIPER 01/09/2025.

Existen otros factores que también impiden precisar lo adeudado por cuanto no todas las empresas contratistas y proveedores forman parte de la Cámara, lo que sin duda afecta el proceso de cálculo para el déficit. Tampoco estarán representadas las remuneraciones que dejarán de percibir técnicos, mandos medios, ni los trabajadores que participan en gran número en las obras de una industria que, pese a la incipiente industrialización y al empleo de nuevas tecnologías, mantiene un alto grado de faenas y labores artesanales.

Cabe señalar que no se conoce el número de cesantes en el sector pues en Chile la fuerza laboral se maneja como un dato generalista de “ocupados/desocupados”. Por otra parte, investigaciones y reportajes regionales muestran casos concretos de cientos de familias y proyectos con pagos retrasados. En efecto,  más de 600 beneficiarios están a la espera de recibir pagos, solo en la Región Metropolitana, a lo que se debe agregar la reducción de recursos presupuestados para ciertos programas del año en curso, lo que a su vez genera un dramático impacto tanto en las familias beneficiarias como en los pequeños contratistas y a sus trabajadores.

La deuda podría ser superior a mil millones de dólares.

En entrevista publicada en el Diario Financiero el pasado 29 de septiembre, el abogado Rodrigo Andreucci, expuso que el MINVU ha interpretado erróneamente los elementos contables que explican la abultada deuda de dicha cartera, en tanto no considera los mayores costos financieros correspondientes a plazos vencidos de las boletas de garantía y de las pólizas de seguros, que incrementan los montos “no reconocidos” por el MINVU. Argumenta que “numerosas empresas han intentado emitir facturas por contratos ejecutados, que han sido frenadas por el ministerio argumentando que “no dispone de caja para pagar, por lo que no puede cumplir con la ley del pronto pago”. En consecuencia, la cifra conocida del millón de dólares en deuda, podría incrementarse hasta en 35% a comienzos del 2026. Cabe mencionar que la Ley Nº21.131, de 2019, establece la obligación de pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días corridos o de 60, para casos expresamente señalados en la ley.

Otras “víctimas” de los pagos pendientes.

También en el sector servicios se detectan preocupantes indicadores de insolvencia y creciente cesantía. Es lo que sucede con empresas y profesionales proyectistas, arquitectos, ingenieros, de todas las especialidades; asesorías y consultorías; inspección técnica, prevencionistas, laboratorios, entre otros muchos afectados.

Además, el bajo número de nuevos proyectos anticipa que la situación no se revertirá en el corto plazo. Tanto los expertos en economía como la opinión pública en general reconocen que lo que sucede con la construcción impacta fuertemente en el empleo y en las PYMES que se mueven en su entorno. Maestranzas, cerrajerías, transportistas, proveedores de áridos y materiales, administrativos y una extensa variedad de mano de obra, con o sin especialización, han debido procurarse otras formas de trabajo que les ayuden a superar la crisis económica de sus respectivas familias, lo que ha generado un panorama de urgencias sociales tanto en Santiago como en las demás regiones del país.

Expectativas de solución por el próximo Gobierno.

El proceso político que definirá un nuevo presidente de la República conforma una hipotética y desesperada “tabla de salvación”. Aunque el tamaño del problema exige suponer que cualquier medida de ajuste tomará tiempo que no será breve en su implemmentación para enfrentar esta compleja situación la que deberá competir con otras necesidades tan urgentes como ésta, léase seguridad, salud, educación, previsión, entre otras. Las nuevas autoridades deberán abordar urgentemente este problema, cuya solución dependerá del buen manejo en aspectos tales como aumentar el gasto en vivienda, priorizar las necesidades presupuestarias, fortalecer la política de subsidios a las familias para que puedan acceder a una vivienda, fomentar la intervención de los privados en las estrategias económicas que complementen los aportes fiscales al desarrollo de las obras de infraestructura y de edificación.

Finalmente, la construcción podrá mejorar su desempeño e indicadores en la medida que el nuevo gobierno logre mejorar los plazos en la tramitación de los proyectos, sanear los pagos pendientes, incentivar el ahorro de las familias, facilitar el acceso al crédito junto con entender que para una recuperación real del sector, se requiere de la mantención de los programas de subsidio, controlar la inflación, establecer tasas que favorezcan la inversión y asegurar el pago oportuno de las obligaciones del Estado.

Mundo de la Construcción.